Ley 11/2023 de accesibilidad: plazos, quién está obligado y multas

La Ley 11/2023 se aplica desde el 28 de junio de 2025. Traspone la Directiva (UE) 2019/882, el Acta Europea de Accesibilidad, y obliga a que ciertos productos y servicios sean accesibles: entre ellos, el comercio electrónico, la banca para consumidores, las comunicaciones electrónicas y partes del transporte de viajeros. Las microempresas que prestan servicios están exentas. Las multas pueden llegar a 1.000.000 de euros.

Desde cuándo se aplica

Desde el 28 de junio de 2025. La ley deja algunos periodos de transición, en su disposición transitoria única:

• Hasta el 28 de junio de 2030, un servicio puede seguir prestándose con los productos que ya usaba legalmente antes.
• Los contratos de servicios firmados antes del 28 de junio de 2025 pueden seguir sin cambios hasta que venzan, con un máximo de cinco años desde esa fecha.

También quedan fuera algunos contenidos antiguos: los vídeos y audios grabados y los documentos de ofimática publicados antes del 28 de junio de 2025 (artículo 2.4).

1. 17 de abril de 2019

   Se aprueba la Directiva (UE) 2019/882.

2. 8 de mayo de 2023

   España la traspone con la Ley 11/2023.

3. 28 de junio de 2025

   La ley se aplica a los productos y servicios de su artículo 2.

4. 28 de junio de 2030

   Terminan los periodos de transición.

A quién obliga

A quien fabrica, importa o distribuye los productos del artículo 2, como ordenadores, cajeros, terminales de pago o lectores electrónicos, y a quien presta a consumidores alguno de estos servicios:

• Comercio electrónico.
• Banca para consumidores.
• Comunicaciones electrónicas y acceso a servicios audiovisuales.
• Webs, apps y billetes electrónicos del transporte aéreo, en autobús, en tren y por mar.
• Libros electrónicos.
• Webs y apps de los suministros de luz, agua y gas.
• Webs y apps de agencias de viajes y turoperadores.
• Redes sociales.

Las microempresas que prestan servicios están exentas. Una microempresa ocupa a menos de diez personas y su volumen de negocios o su balance anual no pasa de dos millones de euros.

Quien presta el servicio tiene que explicar, en sus condiciones generales o en un documento equivalente, cómo cumple los requisitos de accesibilidad (artículo 13.2).

Dos normas que se confunden

A menudo se mezcla la Ley 11/2023 con otra obligación más antigua, la de las empresas de “especial trascendencia económica”. Son normas distintas.

• Ley 11/2023

  • Por el servicio que se presta: comercio electrónico, banca, transporte, entre otros
  • Exime a las microempresas
  • Desde el 28 de junio de 2025

• Ley 34/2002, disposición adicional quinta

  • Por el tamaño y el sector: más de 100 personas o más de 6.010.121,04 euros de operaciones al año
  • En sectores como las telecomunicaciones o los servicios financieros
  • Desde el 31 de diciembre de 2008

La cifra de las empresas de especial trascendencia económica está en el artículo 2 de la Ley 56/2007: más de cien trabajadores o un volumen anual de operaciones de más de 6.010.121,04 euros, y en los dos casos en sectores concretos. Sus webs tienen que ser accesibles por la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002.

Cómo funcionan las multas

El artículo 30 de la Ley 11/2023 remite primero al régimen sancionador de cada sector. Donde ese régimen no llega, se aplica el de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que va de 301 euros a 1.000.000 de euros:

• Las infracciones leves no pueden pasar de 30.000 euros.
• Las graves no pueden pasar de 90.000 euros.
• Las muy graves llegan hasta 1.000.000 de euros.

La vigilancia la hacen las autoridades que designa cada comunidad autónoma. En Cataluña hay, además, un régimen propio, el de la Ley 13/2014 de accesibilidad.

Si tu empresa está obligada y aún no ha empezado

Empieza por saber dónde está tu web. Una auditoría con las WCAG 2.2 te dice qué falla y en qué orden arreglarlo. Lo primero son los recorridos que hacen las personas: buscar, comprar, pagar y contactar.

Rediseñar o programar de nuevo una plataforma no se hace en una semana. Por eso conviene ordenar el trabajo: primero lo que impide completar una compra o un trámite, después el resto. Y documentar cada paso, porque la ley también pide explicar cómo cumple el servicio.